El Gobierno ultima el impuesto que "castigará" a quien no vote por el Partido Popular

¿Grupo salvaje? ¿Sin perdón? ¿Por un puñado de euros? Mariano
y su banda en un simpático receso en el campus FAES de este verano

De acuerdo a las fuentes a las que ha tenido acceso esta redacción, el Gobierno presentará esta misma semana el borrador de un nuevo decreto-ley, por el que se impondrá una nueva tasa obligatoria a todos aquellos ciudadanos que, en el libre ejercicio de su derecho al voto, decidan optar por formaciones diferentes al Partido Popular. A pesar de la inexistencia de cita electoral cercana, el Gabinete ha querido curarse en salud frente a las previsibles críticas de la oposición de pucherazo u oportunismo, así como ante inesperados adelantos a la manera del protagonizado por CiU en Cataluña en este último trimestre.

El borrador desarrolla los ejes primordiales de una de las ponencias más aclamadas en el pasado campus de verano de la FAES desarrollado en Almería, cuyos contenidos paradójicamente no han llegado al gran público hasta hoy. Aunque hemos intentado conseguir la confirmación gubernamental a nuestra información, el Ejecutivo ha rehusado hacer declaraciones sobre tan candente cuestión, así que nos hemos visto forzados a inventárnoslas, en lo que, en cierto modo, tal vez constituya el más cínico e iconoclasta homenaje que podemos hacer a esta perversa (ir)realidad en la que estamos inmersos, y al papel que buena parte de nuestros medios de comunicación desarrollan alrededor de ella (¡camarero, venga una de posverdad!).

Así, Luís Mariano Martínez de Mendieta-Retaco, subsecretario de la Oficina de Conflictos y de Intereses ha recalcado "el notable acierto de una medida que garantizará la estabilidad que el país necesita para salir de la caótica situación heredada del anterior mandato socialista". De hecho, apoyándose en el, según él, mayoritario y silencioso apoyo que en amplios sectores de la población han tenido medidas como los ajustes educativos y sanitarios, las diversas externalizaciones proyectadas, la subida del IVA o la implementación de las tasas judiciales, ha defendido el nuevo impuesto como una oportunidad de corregir comportamientos insolidarios y antidemocráticos al respecto de las irrenunciables políticas de austeridad emprendidas. “Es lamentable que todavía hoy algunos, en lugar de arrimar el hombro, se empeñen en buscar nuestra deslegitimación en base [sic] a una presunta falta de fidelidad a nuestro programa electoral", ha añadido.

"Hacer coincidir este anuncio con estas fechas navideñas tan entrañables para todos dice mucho de la buena voluntad del Gobierno", ha asegurado el vicesecretario de organización, Jaime de Torreblanca-Refajo, quien ha añadido: “Estamos abiertos al diálogo y a la negociación, pero también preparados para la feroz campaña difamatoria que nos espera". De hecho, algunas voces dentro del mismo partido ya han advertido de los peligros de que el resto de partidos tachen la medida como propia de un régimen totalitario, e incluso de que decidan llevarla ante al Tribunal de Estrasburgo. Algo que no parece constituir un problema para Jesús Miralles, uno de los hombres fuertes del PP valenciano: "Actuaremos en todo momento aconsejados por los principales expertos jurídicos en la materia, y en consenso con la Junta Electoral Central. Hace un año, los españoles nos entregaron un mandato. No lo hemos olvidado. La única opción para el futuro de España es votar al Partido Popular. Lo demás son quimeras". Por su parte, Isabel Torrecilla-Tomé, miembro de la comisión delegada, justificó la medida afirmando: "A veces la pedagogía no basta, y ya va siendo hora que los comportamientos desleales y antipatrióticos asuman el coste que implican al país".

Aun  así, el proceso de redactado final de la norma se prevé largo. Aunque el Gobierno no ha querido adelantar cuál será finalmente el importe de la tasa, no se descarta la progresividad de la misma, que se ajustaría al grado de rechazo (negativa al voto, participación en huelgas, manifestaciones y diversos actos de protesta) a las decisiones de Moncloa. Tampoco ha quedado claro si la tasa se aplicará a los casos de voto en blanco o voto nulo, ni tampoco si habrá más exenciones a las lógicas de militantes y simpatizantes del partido conservador. De hecho, ni siquiera está decidido el método escogido para su aplicación, que por supuesto deberá respetar el derecho al secreto en el ejercicio del voto. “Sarna con gusto no pica”, ha llegado a admitir off the record Mariano Prada-Romay, en respuesta a nuestra pregunta de qué pasaría cuando por error se cobrara la tasa a algún votante de su partido. Más explícita fue la diputada Fabra, que volvió a recurrir al famoso “Que se j…”

Como colofón, comentar que los populares han abierto la puerta para que los diversos gobiernos autónomos hagan suya la ley. Nos consta que en Cataluña, a pesar de la actual falta de entendimiento con Moncloa, CiU ha mostrado un vivo interés por el tema.